En Caldas se vive una emergencia que amenaza la estabilidad del sistema de salud pública. Esta semana, tres centros médicos de alta relevancia anunciaron la suspensión parcial o total de atención a usuarios de la Nueva EPS por incumplimientos financieros reiterados.
Casos emblemáticos y cifras alarmantes.
• El Hospital San Félix (La Dorada) suspende la atención a unos 100.000 afiliados, según confirmó la gerencia del centro. La deuda que mantiene la Nueva EPS supera los 26 mil millones de pesos.
• La Clínica Avidanti (Manizales), que representa cerca del 30 % de la capacidad hospitalaria de la ciudad, anunció el cierre de servicios desde el 21 de agosto, al alcanzar una deuda superior a los 171 mil millones de pesos. Sin embargo, seguirá atendiendo urgencias vitales.
• En Manizales, el Hospital Universitario de Caldas anunció restricciones en procedimientos costosos, cirugías, atención coronaria y otros servicios especializados desde el 27 de agosto, por la misma razón: grandes deudas acumuladas.
No es una crisis aislada, es sistémica
Estos cierres vuelven a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema público de salud: la obligación moral de prestar servicios se enfrenta al deber financiero de cobrar los recursos adeudados. Así lo expresó la gerencia del Hospital San Félix: “la obligación de atender choca con la necesidad de cobrar”.
La deuda acumulada por la Nueva EPS con hospitales públicos en Caldas supera los 48 mil millones de pesos hasta mayo de 2025, como advirtió el gobernador Henry Gutiérrez Ángel.
Hace menos de un año, el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, también en La Dorada, entidad privada, enfrentó una situación similar por una deuda superior a 38 mil millones, que suponemos, llegó a un feliz término y les fue cancelada la deuda; pero preocupa por que ellos no tienen contrato con Nueva EPS y atienden solo urgencias.
La comunidad exige respuestas: ¿qué sigue para la salud en Caldas?
La población está en alerta. Muchos usuarios ahora deben desplazarse a ciudades como Medellín, Pereira o incluso Bogotá para recibir tratamientos que deberían ser accesibles localmente. Esta situación genera costos adicionales, riesgos y angustia en las familias.
Es urgente que:
• Representantes locales —gobernador, alcaldes, congresistas— medien ante el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud.
• Se impulse un acuerdo que garantice el pago inmediato de las deudas atrasadas.
• La Defensoría del Pueblo y las entidades de control vigilen que este impase no vulnere el derecho constitucional a la salud.
Editorial AC.
