Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente de la República ha sido condenado por la justicia ordinaria. El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en una audiencia que mantuvo en vilo al país este 28 de julio, declaró penalmente responsable a Álvaro Uribe Vélez —quien gobernó entre 2002 y 2010— por el delito de soborno en actuación penal, tras una maratónica jornada marcada por detalles, testimonios y repercusiones políticas de alto voltaje.
La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda fue enfática: Uribe, a través de intermediarios como su exabogado Diego Cadena, ofreció dádivas y beneficios a personas privadas de la libertad, entre ellas el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, buscando manipular declaraciones a su favor en procesos judiciales relacionados con su presunto vínculo con grupos paramilitares. El propósito era tanto mejorar su propia situación judicial como incriminar falsamente al senador Iván Cepeda, quien pasó de acusado a víctima en este laberinto legal.
El pronunciamiento de la jueza dejó claro que “el soborno ha quedado plenamente acreditado” gracias a pruebas como grabaciones, interceptaciones telefónicas y cartas presentadas durante el juicio, catalogado desde ya como el “juicio del siglo” por su impacto en la historia y la democracia del país. Uribe podrá apelar este fallo de primera instancia, pero de mantenerse, podría enfrentar una condena de entre 6 y 12 años de prisión, según establece la ley para ese delito.
El proceso, que arrancó en 2018 a partir de denuncias presentadas por Cepeda y terminó convirtiendo a Uribe de demandante en investigado, sacudió los cimientos del establecimiento colombiano. Las reacciones no se hicieron esperar: desde el mundo político, las redes sociales y la opinión pública, se multiplicaron los apoyos y las críticas a lo largo de la tarde, reflejo de la polarización y el complejo legado de una figura central para el país.
Aún resta que la jueza decida sobre los otros cargos de los que Uribe fue acusado —fraude procesal y soborno simple— y que se defina la pena exacta, mientras la defensa anuncia que recurrirá a la apelación, prolongando este episodio judicial que ya entra en la historia grande de Colombia.
