En un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en una decisión anunciada el pasado domingo 28 de julio de 2025 por la jueza Sandra Liliana Heredia.
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La sentencia establece una pena de 12 años de prisión domiciliaria, así como una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años y el pago de millonarias multas. La decisión marca un hito judicial, siendo Uribe el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en ejercicio del Estado de Derecho.
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¿Qué viene ahora?
La defensa del exmandatario anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, y no se descarta que el caso llegue posteriormente a la Corte Suprema de Justicia. La apelación deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la lectura del fallo.
El Tribunal tendrá la tarea de revisar, confirmar, modificar o anular la condena, en una etapa que podría extenderse por varios meses.
Reacciones: entre la justicia y el político
El senador Iván Cepeda, principal denunciante en este proceso, manifestó: “Hoy es un día de reivindicación para las víctimas y para el sistema judicial colombiano”.
El presidente Gustavo Petro se pronunció reafirmando el principio de independencia de la justicia. Por su parte, expresidentes como Andrés Pastrana y miembros del partido Centro Democrático hablaron de “persecución judicial” y “lawfare”.
A nivel internacional, medios como El País, Reuters y Infobae destacaron el impacto institucional de la decisión, subrayando que se trata de una señal de madurez democrática en Colombia.
Claves del caso
El proceso contra el expresidente Uribe se originó por una denuncia en 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda reveló que se habrían ofrecido beneficios y presiones a testigos en cárceles para que declararan en su contra. En 2018, la Corte Suprema abrió investigación formal, y tras una renuncia al Senado por parte de Uribe, el caso pasó a la Fiscalía, donde fue archivado en dos ocasiones antes de ser retomado y judicializado.
El juicio oral duró más de tres meses y contó con más de 100 testigos, entre ellos exparamilitares, investigadores y expertos jurídicos.
¿Qué significa esto para Colombia?
Este fallo representa un antes y un después en la política y la justicia del país. Más allá de los afectos o rechazos que pueda generar Uribe, el proceso demuestra que ningún ciudadano, sin importar su cargo o trayectoria, está por encima de la ley.
Es también un momento de reflexión para la institucionalidad: ¿cómo garantizar que este tipo de procesos fortalezcan, y no debiliten, la confianza ciudadana?
